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Audiencia Barcelona archivó una querella contra investigación células madre
 
 


La Audiencia de Barcelona confirmó el pasado julio el archivo de la querella que la Asociación Pro Derechos Fundamentales Integridad presentó contra el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) por investigar con células madre embrionarias.

La denuncia archivada en Barcelona ha cobrado actualidad a raíz de las diligencias abiertas por el juzgado de instrucción número 8 de Granada por la denuncia presentada por una persona relacionada con la Fundación Red Madre contra el Banco Nacional de Líneas Celulares, cuyos responsables podrían ser citados a declarar como imputados.

Según el auto del tribunal, la sección décima de la Audiencia de Barcelona desestimó el recurso que presentó la asociación contra el archivo de su querella, que acusaba a los directores del proyecto, Ana Veiga y Juan Carlos Izpisúa, de un delito contra el derecho fundamental a la vida alegando que están destruyendo embriones humanos para su investigación.

La Audiencia ratificó en julio la decisión del juez instructor, por considerar que la investigación con células madre cuenta con las autorizaciones precisas y los informes de especialistas que acreditan que cumple con los requisitos legales exigidos.

Para el tribunal, de lo investigado por el juez instructor no se desprendía ningún indicio que permita sospechar que el proyecto no se adecúa a los informes presentados para conseguir las autorizaciones, por lo que autorizaba el archivo de las diligencias abiertas.

El juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, que investigó la querella, archivó también otra denuncia presentada por la Asociación Pro-Derechos Fundamentales Integridad contra el investigador Josep Maria Canals Coll, por dirigir proyectos con células madre en la Universidad de Barcelona (UB).

En su auto, el juez recuerda que los estudios denunciados han sido aprobados por las autoridades correspondientes y lamenta que lo que la Asociación pretende es "una investigación general sobre todos los proyectos que se están desarrollando amparados por una determinada normativa", porque considera que esa norma es inconstitucional

En opinión del juez, la Asociación busca que el juez de instrucción "revise el trabajo del legislador e impute a todos aquellos que de una manera u otra se han servido de esa norma para su trabajo", pero "esa instrumentalización del proceso penal es inadmisible". EFE.


Jueves, 29 Noviembre, 2007 - 07:27
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