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| Las Pruebas de ADN han resuelto en la última década quincena casos policiales | |||||
Madrid - Las pruebas de ADN, cuyo uso policial ha sido regulado hoy por el Consejo de Ministros, han permitido resolver en España desde 1996 cerca de una quincena de casos, bien por la identificación de cadáveres o por la de los autores de los crímenes. El proyecto de ley reguladora de las bases de datos policiales sobre identificadores obtenidos a partir del ADN permitirá utilizar la información para "prevenir, detectar y esclarecer" delitos con "todas las cautelas y medidas de respeto de los ciudadanos", según explicó hoy la vicepresidenta primera del Gobierno. Las pruebas de ADN, que en España realizan tanto la policía judicial como la guardia civil, permitieron el 3 de julio de 1996 establecer que el cuerpo encontrado un mes antes en el río Torío, en León, era el del niño Antonio Hernández, desaparecido en abril. Al año siguiente, el 13 de febrero de 1997, los indicios genéticos apuntaron directamente al ex policía José Gilart como presunto autor de los crímenes 4 años antes del dueño de un bar de Barcelona, Clemente Viñas, y del inspector de la Seguridad Social Francisco Sáenz, cuyos cuerpos no han aparecido aún. El 27 mayo de 1998 los exámenes de ADN revelaron que el cadáver hallado en enero de ese año en las costas de Córcega correspondían al vecino de Barcelona Josep Celaya, arrastrado por una riada en Canet de Mar (Barcelona) en noviembre de 1997. Estos análisis determinaron que un cuerpo hallado en el río Duero en julio de 1998 correspondía al del reportero zamorano Víctor Rodríguez García, desaparecido el 1 de enero de 1997, y que el cadáver encontrado en un vertedero de San Fernando de Henares (Madrid) en noviembre de 2000 era el del niño de 3 años Jonathan Vega, al que sus padres habían extraviado en un centro comercial cinco meses antes. Uno de los casos más notorios fue el del funcionario español de la ONU Carmelo Soria, asesinado en Chile en 1976, e identificado gracias a la genética en 2002. También esas pruebas determinaron que los restos encontrados en el apartamento de un albañil de Salou (Tarragona) en febrero de 2002 eran de Tamara Navas, la niña de 9 años desaparecida en 2001. La comparación del ADN familiar permitió saber que el cadáver encontrado en enero de 2003 en una fosa séptica de una urbanización de Trijueque (Guadalajara) era el del niño de 13 años Donovan Párraga, desaparecido en febrero del año anterior. El 10 de febrero de 2003 la policía encontró en Vallirana (Barcelona) el cadáver de Gloria Sanz, desaparecida un mes antes. La policía había encontrado manchas de sangre en su habitación y en el taxi de su novio, Fernando Adalid, que resultaron ser de la desaparecida. El 21 de mayo de 2003 un examen del ADN de Juan José Pérez Rangel, único acusado por el asesinato en enero de dos mujeres en un aparcamiento del barrio del Putxet de Barcelona, demostró su implicación en el caso. Ese mismo año, el 1 de septiembre, la Guardia Civil halló una vinculación entre las muestras tomadas al investigar el caso de la joven de Coín (Málaga) Sonia Carabantes, hallada muerta el 19 de agosto de ese año, y de la chica de Mijas (Málaga) Rocío Wanninkhof, asesinada en octubre de 1999. El 28 de noviembre de 2006, los peritos del juicio de Wanninkhof confirmaron la existencia de ADN del británico Tony King en una colilla y un pelo hallado metidos en bolsas y cerca del cadáver de la joven. En febrero de 2006 la policía encontró en los escenarios del 11-M el ADN de cinco terroristas no identificados. La verificación genética ha servido además para exculpar a presuntos criminales como los acusados de la muerte del hijo del llamado "padre coraje", ha revelado fallos en la identificación inicial, como en el caso de las víctimas del Yak 42, y ha puesto nombre a víctimas de la Guerra Civil. | |||||
Sábado, 02 Diciembre, 2006 - 12:22 | |||||
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