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| El Partido Popular recurrirá la nueva licencia de TV analógica anunciada por el Gobierno | |||||
El secretario de comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, calificó este sábado de "atropello" la decisión del Gobierno de conceder una nueva licencia de televisión privada analógica. dijo que su partido intentará impedir "por todos los medios políticos y jurídicos dentro y fuera de España". En rueda de prensa, Elorriaga señaló que el Plan de Reforma del Sector Audiovisual aprobado ayer por el Consejo de Ministros es "un inmensa cortina de humo" para dar "apariencia de legalidad" a un cambio "discrecional" en las condiciones de emisión de Canal Plus. A su juicio, el Ejecutivo "camina en la dirección contraria de lo que dice perseguir" y pretende ocultar sus "verdaderas intenciones" de favorecer "a un grupo empresarial construido desde el Gobierno", y dar tiempo suficiente al nuevo operador de televisión para "hacerse un hueco" en el espacio audiovisual antes del apagón analógico. Limitación del pluralismo informativo en España "Si se llega a formalizar supondría una intolerable limitación del pluralismo informativo en España y una agresión al libre desenvolvimiento del sector audiovisual", añadió Elorriaga. Para el dirigente popular, el nuevo operador autorizado por el Gobierno "frenará la transformación tecnológica de los hogares españoles" y, a pesar del "aparente" adelanto en "apenas" veinte meses del apagón analógico, previsto ahora para 2010, se incumple el compromiso electoral del PSOE de anticiparlo al año 2008. "El Gobierno dice pretender digitalizar y da canales analógicos. Es como si se pretende fomentar el uso de coches eléctricos y aprueba un plan para abrir nuevas gasolineras", indicó el secretario de comunicación del PP, quien consideró que el Gobierno les ha dado la razón al reconocer que en España "no hay espacio radioeléctrico suficiente para un nuevo canal analógico". Injustificada discriminación entre españoles Para Elorriaga, se generará "una injustificada discriminación entre españoles", ya que su cobertura se limitará al 40 por ciento del territorio y a dos tercios de la población y se "invadirán" competencias de ayuntamientos y comunidades autónomas al utilizar un espectro que debería ser adjudicado por estas administraciones. A su juicio, el objetivo de esta medida es garantizar que el único incremento en la oferta televisiva hasta la celebración de los próximos procesos electoral en España sea "aquel que ha elegido el Gobierno socialista". Respecto al anteproyecto de Ley de Radio y Televisión de Titularidad Estatal, Elorriaga mostró la disposición del PP a alcanzar un acuerdo en torno a la composición, el procedimiento de elección y los plazos del consejo de administración de la futura Corporación RTVE, que será la nueva denominación del ente público. En su opinión, resulta "inaplazable" y "urgente" adoptar medidas legales que permitan introducir mecanismos "fiables" para "poner freno a la manipulación informativa y a la orientación política" de RTVE y a los "abusos" que se están cometiendo "a través de los medios públicos de comunicación". Saneamiento financiero de la televisión pública Asimismo abogó por afrontar de manera inmediata el saneamiento financiero de la televisión pública con mecanismos "transparentes y estables" que garanticen sus sostenimiento. Elorriaga consideró también que el futuro Consejo Audiovisual es "un órgano crucial" para garantizar "el libre ejercicio de derechos fundamentales en un Estado democrático", lo que requiere un acuerdo entre todas las fuerzas parlamentarias para definir su composición, sus funciones, su mecanismo de elección y su forma de trabajo. | |||||
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