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| Los 25 acuerdan guardar datos de comunicaciones a partir del 2007 | |||||
Por Alicia García de Francisco Bruselas - Los 25 Estados miembros de la UE llegaron hoy al acuerdo de guardar entre seis y 24 meses los datos de las comunicaciones telefónicas y electrónicas para luchar contra el terrorismo. Esta práctica, que aún debe ratificar el Parlamento Europeo, será obligatoria a partir de la segunda mitad de 2007 y permitirá saber quién ha hecho una llamada y a quién, el lugar de procedencia y su duración, pero no el contenido, que seguirá sujeto a la decisión de la autoridad judicial. Dadas las enormes divergencias entre los Gobiernos para llegar al acuerdo todos tuvieron que hacer concesiones, según reconoció el ministro británico del Interior, Charles Clarke, en nombre de la presidencia de turno de la UE que ocupa su país. Para lograr una mayoría, se ha introducido una enorme flexibilidad a fin de que los Estados miembros que así lo deseen puedan ir más allá de lo que señala la directiva (ley-marco). Así, aunque se fija que el periodo de retención será de entre 6 y 24 meses -del Parlamento quiere de 6 a 12-, los países que lo deseen podrán conservar los datos por más tiempo. La norma afectará a las llamadas telefónicas y electrónicas, así como a los correos electrónicos, mientras que en el caso de las llamadas perdidas o no atendidas -un punto esencial para España- estarán incluidas pero sólo de forma parcial. Se retendrán las informaciones relativas a las llamadas realizadas y contestadas; se excluyen las "totalmente fallidas", es decir, que no han sido recibidas, y las no atendidas aparecen de forma parcial. Tendrán obligación de retener los datos relativos a las llamadas no atendidas sólo las compañías que ya lo hacen en la actualidad, lo que responde a la petición de Alemania, Finlandia y Austria. De esta forma, se "minimizan los costes" que supondrá la aplicación de esta medida, y que deberán asumir las compañías de telecomunicaciones, en contra de lo solicitado por la Comisión y el Parlamento europeo, lo que debería permitir que los eurodiputados apoyen el compromiso, según Clarke. Los cálculos oficiales señalan que el coste anual de aplicar el proceso de almacenamiento de datos será de entre 1 y 4 millones de euros por compañía. La Comisión Europea ha señalado que acepta el acuerdo, pero ha incluido una declaración anexa para resaltar que no habrá distorsiones a la competencia por el coste que esta medida podría suponer para las industrias de telecomunicaciones y que serán los Gobiernos los encargados de evitar esos problemas. Respecto a los delitos para los que se aplicará esta retención de datos, la directiva señala que se trata de los "graves, según estén definidos por cada Estado miembro en su legislación nacional". Los datos a retener son "los necesarios para localizar e identificar la fuente de un comunicación". Son los números de teléfono de origen y destino; los nombres y direcciones de las personas que llaman y de aquellas para las que están registradas los números de teléfono en el momento de la conexión, así como el servicio telefónico utilizado. En el caso de los teléfonos móviles, se añade el identificador del equipo y para Internet las direcciones IP dinámica y estática asignadas por el proveedor de acceso a la conexión; el nombre y dirección del usuario y los datos sobre la hora, fecha y duración de una comunicación. En ningún caso se tendrá acceso al contenido de las llamadas o comunicaciones electrónicas, para lo cual en la mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, se necesita una orden judicial. El ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló hoy que la medida puede jugar papel enormemente relevante en la lucha contra el terrorismo y recordó que ese fue el caso de los atentados en España del 11 de marzo de 2004. La comisión de Libertades civiles del Parlamento Europeo debatirá el próximo miércoles el acuerdo logrado hoy para introducir las enmiendas que considere necesarias de cara a su debate y voto en sesión plenaria en la semana del 12 de diciembre. Clarke mostró su confianza en lograr el apoyo de la Eurocámara, ya que a la hora de redactar el compromiso se han tenido en cuenta las discusiones mantenidas con los principales grupos políticos del PE. Si no hay respaldo del Parlamento, los Estados podrían plantearse volver a la anterior propuesta de la Comisión, pero al mismo tiempo obliga a conseguir la unanimidad de los Veinticinco, lo que sería difícil ya que al acuerdo de hoy se opusieron Irlanda, Eslovaquia y Eslovenia. En caso de apoyo del Parlamento, la directiva podría entrar en vigor, de forma obligatorio, en la segunda mitad de 2007, aunque los Estados que lo deseen podrán aplicarla antes. | |||||
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