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| Por primera vez, el PP y el PSOE llegan al consenso sobre RTVE | |||||
José Prieto. Madrid - El consenso al que han llegado el PP y el PSOE para el nombramiento del presidente de la Corporación RTVE se produce por primera vez en la historia de la radiotelevisión pública, lo que implica un cambio radical en los usos y costumbres parlamentarias en lo que atañe a esta empresa pública. Hasta ahora, el director general era nombrado por el Gobierno y aunque era consultado el consejo de Administración, su valoración no era vinculante; además este Consejo estaba formado por consejeros elegidos a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios en proporción a los escaños conseguidos. Aunque en 1980 sí se consensuó el Estatuto de RTVE en el Congreso, código que ha sido derogado por la Ley de Medios de Comunicación del Estado, no ha habido, hasta ahora, otro caso similar. Tanto en el Consejo de Administración como en la Comisión de Control de RTVE se ha reproducido sistemáticamente un código de conducta similar, sea cual sea el director general elegido por el Gobierno, bien del PSOE o del PP, descalificando la oposición al elegido, desde el principio, y defendiéndolo ardorosamente el partido del Gobierno. La actuación ha sido tan mimética que, si se consultasen las actas de la Comisión, podría verse con claridad que críticas que el PP hacía a la labor del director general nombrado por el gobierno socialista, las ha reproducido el grupo del PSOE cuando ha estado en la oposición y viceversa. En muchas ocasiones, el debate en el seno de la Comisión de Control entre los diputados del PP y el PSOE ha llegado a convertirse en un enfrentamiento político, ajeno a RTVE. También durante la tramitación de la Ley de Medios de Comunicación del Estado, que regirá los destinos de la nueva Corporación, ha estado plagada de descalificaciones y críticas radicales. Tanto en su paso por el Congreso, como después por el Senado, la ley fue pactada entre el PSOE y los otros grupos de la oposición, a los que se aceptaron enmiendas, exceptuando al PP, ninguna de cuyas enmiendas fue aceptada. La falta de diálogo y la desconfianza entre ambos partidos ha sido tal que la citada ley incluyó una enmienda de IU, denominada "antibloqueo", que aseguraba la elección del consejo de administración por mayoría simple en caso de que, en la primera elección, no se consiguiera la mayoría de 2/3 prevista por la ley. Al final no ha hecho falta echar mano de este artículo y el consenso se ha producido sentando un precedente del que todo el mundo se siente satisfecho. | |||||
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