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| La OCTA denuncia que la prensa escrita no califica las películas por edades | |||||
A pesar de estar obligados por ley, la mayor parte de los periódicos que incluyen anuncios de las películas que se exhiben en los cines, no precisan la clasificación de la película por edades, denunció hoy el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA). El OCTA se ha dirigido al director general del Instituto de las Artes y de las Ciencias Audiovisuales (ICCA), Fernando Lara, para denunciar esta situación, explica un comunicado del OCTA. Según este Observatorio, cuando la prensa informa sobre las películas que se exhiben en los cines, no suele precisar cuál es la calificación, o se limitan a poner que está "pendiente de clasificación", o, si lo especifican, el tamaño de la letra es "absolutamente ilegible". Además, este Observatorio recuerda que la obligación legal de precisa sobre la publicidad cinematográfica afecta al resto de los medios de comunicación: radio, televisión, exterior, Internet, etc. El OCTA precisa que, según la ley de protección y fomento de la cinematografía, antes de comercializar o difundir o publicitar una película u obra visual en cualquier soporte, "deberá presentarse en el ICAA o a la comunidad autónoma competente una copia íntegra para su visionado, clasificación y calificación por grupos". Sin embargo, según este Observatorio, tan sólo Cataluña ejerce esta competencia autonómica y clasifica las películas en función de las edades del público: "especialmente recomendada para la infancia", "para todos los públicos", "no recomendada para menores de 7 años", "no recomendada para menores de 13 años", "no recomendada para menores de 18 años", y "películas X". El Observatorio asegura asimismo que España es uno de los países más permisivos en este aspecto, ya que, salvo en los cines de clasificación X, "cualquier espectador de cualquier edad tiene acceso a cualquier sala cinematográfica previo pago de la entrada". La información sobre la calificación por edades de las obras cinematográficas es un instrumento de protección de la infancia y la juventud, recuerda este Observatorio, pero también es un precepto constitucional, el derecho de todos los ciudadanos recibir "una información veraz y correcta". | |||||
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