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CE urge a Portugal suprimir "acción de oro" en Portugal Telecom
 
 


Bruselas - La Comisión Europea conminó hoy a Portugal a que renuncie a los mecanismos de control que aún conserva el Estado en Portugal Telecom -la conocida como "acción de oro", establecida al privatizar la compañía de telecomunicaciones-, con la amenaza de llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El Ejecutivo comunitario abrió un procedimiento de infracción contra Portugal por este motivo en diciembre pasado y, tras analizar la respuesta de las autoridades portuguesas, sigue considerando que los derechos especiales del Estado portugués sobre la operadora desincentivan la inversión por parte de empresas de otros países, lo que supone una violación de la normativa europea.

Bruselas envió hoy a Lisboa un "dictamen motivado", el segundo paso en el proceso sancionador, y si en el plazo de dos meses el Gobierno portugués no ha adoptado las medidas necesarias para remediar la infracción, podrá acudir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Durante la privatización de Portugal Telecom, se establecieron unas acciones privilegiadas (de tipo A) y la mayoría quedaron en manos del Estado o de entidades públicas.

Aunque el número de "acciones A" se fue reduciendo en las sucesivas fases del proceso privatizador, se mantuvieron sus privilegios, entre los que figuran poderes especiales para designar a la tercera parte del Consejo de Administración y al presidente, así como capacidad de veto en la elección de los directores y del consejo auditor.

Asimismo, los privilegios incluyen poder de decisión sobre el reparto de beneficios, ampliaciones de capital, emisiones de bonos, apertura de filiales, cambios en los artículos de asociación y la aprobación de participaciones por encima del diez por ciento del capital por parte de algún operador competidor.

La Comisión cree que estos poderes especiales suponen una restricción injustificada a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento, al dificultar la inversión directa y la de cartera.

La privatización de Portugal Telecom comenzó en 1995, con la venta del 27 por ciento del capital, y ya entonces se estableció la creación de acciones "de tipo A", que en su mayoría debían quedar en manos del Gobierno, y la fijación de un límite del diez por ciento a la participación de otras sociedades en la operadora.

En 1997, el Estado portugués renunció a ser el accionista mayoritario y la privatización de la compañía se completó en 2000, aunque se mantuvieron 500 "acciones A", que quedaron bajo control público, frente a 1.666,5 millones de títulos ordinarios.

A la Comisión le preocupa especialmente la disposición por la que los accionistas vinculados a un competidor no podrán controlar más del diez por ciento de los títulos de Portugal Telecom sin el permiso de la junta general, permiso que podrá ser vetado en caso de estar de acuerdo la mayoría de accionistas "de tipo A".

La compañía española Telefónica es en la actualidad el accionista mayoritario de Portugal Telecom, con casi el diez por ciento de los títulos, barrera que intentó superar el año pasado, en una operación que fue finalmente bloqueada con el apoyo del Gobierno portugués.


Martes, 04 Abril, 2006 - 04:49
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