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| Abogado tribunal UE contra "acción de oro" de Holanda | |||||
Luxemburgo - Los derechos especiales (acción de oro) del Estado holandés en la compañía de telecomunicaciones KPN y la de correos TPG son contrarios a la libre circulación de capitales de la Unión Europea, según consideró hoy el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE. En sus conclusiones, el abogado general, Luis Miguel Poiares Maduro, rechazó los argumentos de Holanda, en un caso planteado en 2004 por la Comisión Europea contra la acción de oro que el Estado holandés mantiene en ambas compañías. "Cuando el Estado privatiza una empresa, la libre circulación de capitales exige que se proteja su autonomía económica, a no ser que exista una necesidad de salvaguardar intereses públicos esenciales", señalan las conclusiones. Las dos empresas proceden de la separación de la antigua PTT (telefonía y correos y telégrafos) en KPN (telecomunicaciones) y TPG (correos), que tuvo lugar en 1998, con posteriores salidas parciales a bolsa. El Estado holandés mantuvo una "acción de oro" en ambas empresas que le otorgaba el derecho de aprobación en determinados tipos de acuerdos, entre ellos fusiones o escisiones. La Comisión abrió en 2000 un procedimiento al Estado holandés, y tras un intercambio de información presentó un recurso ante el tribunal en 2004. Según el Ejecutivo comunitario, la "acción de oro" supone una violación del artículo 56 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que prohíbe todas las restricciones al movimiento de capitales. En las vistas, Holanda defendió que sus poderes especiales en KPN y TPG quedaban fuera del ámbito de ese artículo, ya que no los posee en su calidad de autoridad pública, sino como accionista particular. Pero el abogado general rechazó estos argumentos, al señalar que una normativa de este tipo puede "dificultar el acceso al mercado interno de un Estado miembro a los inversores establecidos en otros Estados miembros", por lo que sí entra dentro del artículo 56. Además, La Haya señaló que su "acción de oro" en TPG quiere asegurar la adecuada prestación del servicio postal universal, pero el abogado general consideró que las prerrogativas especiales del Estado holandés van "más allá de lo necesario" en ese sentido. Las conclusiones del abogado general son una guía jurídica para los jueces del Tribunal, pero no tienen carácter vinculante de cara a la sentencia, aunque los magistrados suelen seguir esas recomendaciones en aproximadamente un 80 por ciento de las ocasiones. El pronunciamiento de la sentencia está previsto en unos dos meses. | |||||
Jueves, 06 Abril, 2006 - 04:48 | |||||
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