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| AT&T y BellSouth también son demandadas por entrega de datos | |||||
Nueva York - AT&T y BellSouth se añadieron hoy a la lista de empresas demandadas por ciudadanos de EEUU que las acusan de facilitar al Gobierno datos de sus llamadas de teléfono privadas. Los abogados Carl Mayer y Bruce Afran presentaron el viernes pasado una demanda en nombre de todos los clientes de Verizon en la que plantearon que esa compañía entregó los registros de millones de llamadas, lo que viola la Constitución y las leyes federales de EEUU. Entonces los abogados calcularon que las penalizaciones contra la empresa podrían llegar a los 50.000 millones de dólares, cifra que hoy se elevó a 200.0000 millones de dólares al agregar a AT&T y BellSouth. La demanda incluye ahora a 26 demandantes de 18 estados que se han puesto en contacto con los abogados para sumarse a la acción legal. Mayer y Afran dijeron hoy en una conferencia de prensa que cientos de ciudadanos se han puesto en contacto con ellos para hacer ver su malestar con las compañías y que varios abogados y expertos legales les han ofrecido asesoría. Verizon explicó que no podía ni confirmar ni desmentir las informaciones que indican que entregó millones de registros de sus clientes al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (NSA, en inglés). BellSouth señaló hoy que no tiene evidencia de haber entregado dichos registros o de haber sido contactada por la NSA y que nunca entregaría este tipo de información sin las debidas órdenes judiciales. AT&T, por su parte, se ha limitado a decir que protege con fuerza la privacidad de sus clientes y que no discute asuntos de seguridad nacional. El programa de espionaje, que comenzó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se realiza en colaboración con las tres mayores compañías telefónicas del país (Verizon, AT&T y BellSouth) y ha permitido la creación de una gigantesca base de datos que incluye los registros de miles de millones de llamadas, informó la semana pasada el periódico "USA Today". El presidente de EEUU, George W. Bush, ni confirmó ni negó la existencia de ese programa, aunque sí dijo que todas las actividades de inteligencia aprobadas por la Casa Blanca son "legales", y que los esfuerzos de espionaje se concentran en la red terrorista Al Qaeda y sus simpatizantes. Mayer señaló hoy que es la intención de los demandantes el citar a declarar al mismo presidente de EEUU o algún otro alto funcionario de la Casa Blanca con el fin de determinar con exactitud la extensión y veracidad de las acusaciones. La demanda alega que otra compañía, Qwest Communications, rechazó la petición del Gobierno de entregar información sobre sus registros de llamadas sin las debidas órdenes judiciales o una opinión escrita de parte del Fiscal General de EEUU de que el programa era legal. | |||||
Miércoles, 17 Mayo, 2006 - 11:16 | |||||
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