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Richard Phillips Feynman(1918-1988).
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España adopta norma UE retención datos comunicaciones telefónicas
 
 


Madrid - El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de mañana la transposición a la normativa española de la directiva de la UE sobre retención de datos de telecomunicaciones en el marco de la lucha contra el terrorismo, aprobada en Bruselas el pasado 21 de febrero.

Fuentes del Ejecutivo informaron a EFE de la trasposición de esta directiva, que deberá estar en vigor en los veinticinco Estados miembros en el segundo semestre del próximo año y de la que España ha sido firme impulsora desde el inicio de los debates.

La norma, que contó en febrero con el voto en contra de Irlanda y Eslovaquia, obliga a las compañías telefónicas a retener durante un período mínimo de seis meses -y de hasta dos años en circunstancias excepcionales- los datos de todas las llamadas telefónicas realizadas desde teléfonos móviles o fijos, incluidas las perdidas o no atendidas, así como los mensajes de texto, así como los correos y comunicaciones electrónicas.

En el caso de España se ha optado, según las fuentes, por establecer un período de un año para retener esos datos, que en ningún caso se refieren al contenido de las comunicaciones, sino a los números de teléfono desde donde se efectúa la llamada o se recibe, los nombres de los titulares o duración de las conversaciones.

También está incluidos, para el caso de los móviles, los identificadores de los mismos, así como los datos que permitan determinar desde dónde se efectúa la llamada.

Durante los debates sobre esta norma en el seno de la UE se produjo cierta polémica respecto a la compatibilidad de la misma con el sistema europeo de protección de datos, hasta el punto de que el supervisor europeo de protección de datos, Peter Hustinx, se mostró convencido de que la directiva acabaría siendo recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE.

También el director de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Piñar, es crítico con la iniciativa y, así, declaró recientemente que ésta "pone en riesgo el modelo europeo de protección de datos".

Piñar criticó la "la discrecionalidad que abre la norma en la definición de delitos graves y sus términos vagos", así como "el exceso de datos a retener, entre ellos las llamadas perdidas" y el "amplísimo" periodo para guardar los datos.


Jueves, 07 Septiembre, 2006 - 08:55
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